Empresas que no aplican la ética y estafan a las personas.
Ejemplo número1.
El fraude de las empresas “outsourcing”
Por Manuel Fuentes Muñiz
A Miguel Ángel Granados Chapa martes 9 de septiembre de 2008, actualizado Septiembre 9, 2008
A Miguel Ángel Granados Chapa martes 9 de septiembre de 2008, actualizado Septiembre 9, 2008
México DF, 9 sep 08 (CIMAC).- La primera vez que escuche el término “outsourcing” no lo entendí. Algunos especialistas comenzaban a hablar de él como un fenómeno mundial que empezaba con mucha fuerza en nuestro país y que consistía en permitir que otras empresas hicieran los trabajos no sustantivos de los centros de trabajo.
Ese término lo fui comprendiendo al paso de los años, un día casualmente, en los tribunales de trabajo, conversando con mi contrario: un empresario. Él me dijo que contrataba empresas contratadoras de personal para reducir costos, para que en las actividades que realizarán éstas, no se aplicara el contrato colectivo que tenía en su empresa.
Esta confesión cínica me hizo comprender en parte el problema, pero éste era más profundo de lo que pensaba. En alguna ocasión una trabajadora de la empresa productora de cremas "Nivea" me dijo que estaba despedida y le pedí sus documentos para elaborar la demanda: contrato de trabajo, recibos de pago, alta en el IMSS, pero de sus papeles entregados descubrí que trabajaba en una empresa con razón social y domicilio diferente al que decía ella prestar sus servicios.
La empresa "outsourcing" alegó que mi defendida trabajaba en su domicilio, una pequeña oficina de dos habitaciones, ubicada en un departamento descuidado, y que desde allí se le enviaba a varias empresas. Mientras que la empresa que produce la crema "Nivea" con razón social BDF México S.A., la verdadera patrona, al contestar la demanda dijo que mi representada no era su trabajadora.
Fui descubriendo entonces que las empresas contrataban empresas "outsosourcing" para eludir responsabilidades, para desconocer no sólo los derechos de sus trabajadores, sino su propia existencia.
En el medio laboral se conoció que los propios abogados empresariales ofrecían a sus clientes empresas "outsourcing", además de la asesoría laboral, por ser un buen negocio. El más conocido era del despacho "Cavazos", cuyo titular, ya fallecido, fue autor de varios libros de derecho laboral.
Un buen negocio porque a los trabajadores se le pagan salarios ínfimos, a veces hasta el salario mínimo y con prestaciones mínimas de ley y las empresas llegan a pagar setecientos o hasta mil pesos por trabajador, justificando que las outsourcing tienen que asumir todos los costos: uniformes, material de trabajo, todos ellos de mala calidad. Una importante diferencia se queda en los bolsillos de los promotores de estas novedosas empresas.
Cuando ocurrió la explosión en la mina 8 de Pasta de Conchos en Sabinas Coahuila el 19 de febrero de 2006 en el que fallecieron 65 mineros, 29 de ellos estaban contratados por la empresa Industrial Minera México (IMMSA) y 36 por una empresa contratista llamada General de Hulla.
Esta fue la indignación más grande porque trabajadores mineros que realizaban las mismas actividades recibían diferentes prestaciones y montos salariales inferiores. La empresa IMMSA, para eludir el pago de prestaciones contractuales, decidió tener su propia empresa outsourcing para que los trabajadores al servicio de ésta no recibieran los beneficios de su contrato colectivo, ¡pero en las actividades sustantivas de su operación!
Lo más degradante fue que el propio Sindicato Minero, el de Napoleón Gómez Urrutia, firmó un convenio con IMMSA, apenas un mes antes de la tragedia, para recibir el equivalente del 4% del salario de cada uno de los trabajadores de General de Hulla que realizaban las mismas actividades de los sindicalizados pero con menos prestaciones, con el fin de aceptar su no sindicalización.
Ello propició que la contratista eludiera el pago real que percibían los mineros inscribiéndolos en el IMSS con una cantidad inferior a la que recibían. Ahora las viudas de los mineros están recibiendo un 40% de $110.00 diarios y no de los $300.00 que realmente percibían.
Ahora tengo conocimiento de que se encuentra en la Cámara de Senadores una propuesta para modificar el artículo 15 de la ley del Seguro Social, que ya fue aprobada en la de Diputados para que las empresas que contraten los servicios de una empresa "outsourcing" se vuelvan obligadas solidarias.
Esta propuesta ha levantado al sector patronal, quien ahora se rasga las vestiduras diciendo que ello representará mayores costos para ellos. Que no están de acuerdo en verificar que las outsourcing paguen sus impuestos, el número de días laborados de los trabajadores, que los registren y paguen las cuotas en el IMSS con los salarios correctos.
Que se oponen a que si incumplen estas empresas contratistas ellas se hagan solidarias de sus responsabilidades. Dicen que ello "es una injusticia" ¡Vaya vaya, parece el mundo al revés!
Hasta Javier Lozano, flamante Secretario de Trabajo, se opone a estas modificaciones afirmando: "Las empresas de outsourcing deben regularizarse, de eso no hay duda, pero no desaparecerlas, son generadoras de empleo" (¡¡!!).
¿Generadoras de empleo? ¡Esa afirmación es una insensatez! Lo único que han generado las empresas "outsourcing" es baja de salarios y prestaciones. Han representado fraude en el cumplimiento de la seguridad social y una forma de legalizar mayor explotación al trabajador.
Las autoridades laborales no han hecho nada para impedir las atrocidades e irregularidades de estas seudoempresas y ahora son defensoras de lo oprobioso.
Ahora los senadores que discuten la reforma al artículo 15 de la ley del seguro social no deben dejarse sorprender por los empresarios mezquinos que han impulsado la simulación como una forma de vida en perjuicio de la nación.
Consultado de: http://rotativo.com.mx/reginacantu/el-fraude-de-las-empresas-outsourcing/8265/html/
Ejemplo 2.
Los juzgados investigan seis fraudes de IVA en negocios internacionales
Se trata de operaciones intracomunitarias por valor de más de 36 millones de euros y en cada una de ellas las redes lograron que les devolvieran 6 millones en impuestos que nunca habían sido ingresados en Hacienda.
Los juzgados de Málaga investigan media docena de fraudes fiscales cometidos en operaciones internacionales en las que, por una parte, se ha conseguido que Hacienda devuelva cantidades millonarias en concepto de deducciones de IVA a pesar de que nunca se llegaron a ingresar y, por otra, se ha torpedeado el mercado colocando productos a precios en torno a un 10% más baratos. Las redes internacionales han descubierto un hueco en la legislación impositiva europea que les permite, mediante artificios societarios, lograr que la Hacienda pública española les devuelva importantes cantidades en impuestos que, en realidad, nunca se han llegado a pagar. Este fraude se centra especialmente en los productos informáticos y los aparatos de telefonía móvil.
La legislación comunitaria reguló con carácter provisional, aunque así se ha mantenido con el paso de los años, que las operaciones de importación que se hicieran en segundos países dentro de las fronteras de la Unión Europea no pagaran el IVA hasta que se produjera la venta en el país de destino. Ahí es donde comienza este juego fraudulento, con las denominadas sociedades trucha. Se trata de entidades que se dan de alta para realizar operaciones en el exterior, generalmente administradas por un testaferro al que resulte difícil perseguir después o exigir responsabilidades por el fraude fiscal.
Esa sociedad realiza una compra en un país comunitario. A partir de ahí se interpone una red de sociedades que compran y venden esa mercancía de forma consecutiva, de modo que resulte complicado determinar la vinculación entre la primera y la última. Cuando se produce la venta la trucha emite una factura en la que figura el importe correspondiente por IVA, pero nunca declara ni ingresa esas cantidades en las arcas del Estado. Sin embargo, la compradora sí declara el impuesto y exige su deducción.
En cada una de las operaciones intracomunitarias detectadas en Málaga se investigan fraudes en el IVA de que ascienden a 6 millones de euros, según los datos que maneja el coordinador de la Fiscalía de Delitos Económicos, el jurista Antonio González. A estos casos se suma otro registrado en Málaga en el que se presumen 100 millones defraudados y que finalmente indaga la Audiencia Nacional.
El responsable de este área precisa que con el paso de los años se ha apreciado una complejidad creciente en estos engaños: "Cada vez aparecen más sociedades en más países", apunta, al tiempo que las organizaciones utilizan a su favor las facilidades de pago que da la Agencia Tributaria para distraer su actividad. Formalmente el IVA se tiene que declarar trimestralmente. Sin embargo, las empresas tienen la opción de alargar hasta enero del ejercicio siguiente el periodo para regularizar sus cuentas con Hacienda. Es decir, que desde que se produce una venta ficticia y se supera el periodo de pago puede transcurrir un año y, sin embargo, la Administración está obligada a devolver el IVA en tramos mucho más cortos. O sea, antes de que se detecte una operación sospechosa ya se ha obtenido la devolución del impuesto y para entonces, además, la trucha puede ya estar desaparecida.
La legislación comunitaria reguló con carácter provisional, aunque así se ha mantenido con el paso de los años, que las operaciones de importación que se hicieran en segundos países dentro de las fronteras de la Unión Europea no pagaran el IVA hasta que se produjera la venta en el país de destino. Ahí es donde comienza este juego fraudulento, con las denominadas sociedades trucha. Se trata de entidades que se dan de alta para realizar operaciones en el exterior, generalmente administradas por un testaferro al que resulte difícil perseguir después o exigir responsabilidades por el fraude fiscal.
Esa sociedad realiza una compra en un país comunitario. A partir de ahí se interpone una red de sociedades que compran y venden esa mercancía de forma consecutiva, de modo que resulte complicado determinar la vinculación entre la primera y la última. Cuando se produce la venta la trucha emite una factura en la que figura el importe correspondiente por IVA, pero nunca declara ni ingresa esas cantidades en las arcas del Estado. Sin embargo, la compradora sí declara el impuesto y exige su deducción.
En cada una de las operaciones intracomunitarias detectadas en Málaga se investigan fraudes en el IVA de que ascienden a 6 millones de euros, según los datos que maneja el coordinador de la Fiscalía de Delitos Económicos, el jurista Antonio González. A estos casos se suma otro registrado en Málaga en el que se presumen 100 millones defraudados y que finalmente indaga la Audiencia Nacional.
El responsable de este área precisa que con el paso de los años se ha apreciado una complejidad creciente en estos engaños: "Cada vez aparecen más sociedades en más países", apunta, al tiempo que las organizaciones utilizan a su favor las facilidades de pago que da la Agencia Tributaria para distraer su actividad. Formalmente el IVA se tiene que declarar trimestralmente. Sin embargo, las empresas tienen la opción de alargar hasta enero del ejercicio siguiente el periodo para regularizar sus cuentas con Hacienda. Es decir, que desde que se produce una venta ficticia y se supera el periodo de pago puede transcurrir un año y, sin embargo, la Administración está obligada a devolver el IVA en tramos mucho más cortos. O sea, antes de que se detecte una operación sospechosa ya se ha obtenido la devolución del impuesto y para entonces, además, la trucha puede ya estar desaparecida.
Fuente obtenida de: http://www.malagahoy.es/article/malaga/841583/los/juzgados/investigan/seis/fraudes/iva/negocios/internacionales.html
